El tiempo desmiente

Recuerdo cuando el gobierno Santos anunció, con bombos y platillos, que volvería a crear el Ministerio de Justicia. En aquel entonces, el Presidente justificó la decisión en la necesidad de crear un canal de comunicación con el poder judicial y mejorar las relaciones con todos los estamentos de esa rama.
 
Cuatro años después, Colombia vivió un nuevo paro judicial, el segundo en menos de 18 meses, estamos con la amenaza de un nuevo paro del sector y las cárceles estuvieron cerradas por cuenta del hacinamiento.  Aunque terminó la operación “reglamento” del INPEC, la crisis carcelaria sigue galopante. 
 
Al observar semejante situación, uno se pregunta: ¿Y entonces, para qué se reinstaló el Ministerio de Justicia? Pensando con malicia, uno podría aventurar una hipótesis: el gobierno Santos no puede pretender que los sindicatos relacionados con el poder judicial, se queden quietos y callados viendo como se esparció la mermelada en el Congreso y en otras instituciones, mientras que a ellos no les guardó ni una porción de semejante derroche.
 
Ahora también viene a mi memoria, que hace tres larguísimos años, el alcalde Petro anunció la restricción al porte de armas, justificando su decisión en la reducción de la tasa de homicidios en Bogotá.
 
Pues bien: las estadísticas de 2014 demuestran que la justificación fue una debilidad más del Alcalde. De hecho, durante el último año se registraron 1.344 casos de homicidio, 64 más que el año anterior. Sin embargo, en 2013, las cifras no fueron extraordinarias y la disminución, dijo entonces el General Palomino, fue solo de 19 casos.  En aquel momento, el Director de la Policía aseguró que Bogotá había “llegado a una especie de piso de cristal, en donde es muy difícil seguir reduciendo (los homicidios)”… ¡Pero aumentaron, General! 
 
Al ver las cifras, es evidente que el cacareado plan desarme fue una de tantas improvisaciones del Alcalde, pues solo sacó de las calles las armas legales y dejó a los ilegales con el poder armado en la ciudad.  Cualquier parecido con Caracas, en cuanto a control territorial de gente armada ilegalmente, no es pura coincidencia.
 
Es que la lista de desmentidos es larga: Lucho Garzón prometió el metro durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá.  Fernando Londoño prometió acabar con las FARC en seis meses, Santos pidió que grabaran en piedra su promesa de no subir los impuestos y Germán Vargas Lleras juró que en seis meses reconstruiría Gramalote.  Ustedes ya saben en qué quedaron estas promesas.

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