¿Las semillas genéticamente modificadas pueden ayudar a los pobres?
Por Fabio Hoyos, Vicepresidente de comunicaciones de
ASOBEL
Laura Gutiérrez Escobar, historiadora de la UNAL y
candidata al doctorado en Antropología de la Universidad de Carolina del Norte,
participó en una conferencia en la Universidad Dalhousie en la que se abordó la
política internacional de Canadá relacionada con los programas de ayuda
alimentaria y desarrollo agrícola en los países del sur global, y se discutió
si se deben promover los transgénicos o no en estos programas, informó para
Radio Canadá Internacional (1):
“Los transgénicos son una tecnología no probada como
inocua para el ser humano, ni para los ecosistemas, ni para los demás seres
vivos. Aún no hay un consenso científico sobre esto y, por lo tanto, no deben
promoverse, en especial en programas que van dirigidos a las poblaciones más
vulnerables”. Al respecto véase un estudio francés de 2012 que sostiene que el
maíz genéticamente modificado de Monsanto causa tumores masivos, daño en
órganos y muerte prematura; esto condujo a que París le pidiera a la UE aplicar
el principio de precaución en el caso de éstos (2).
En ese marco, “el gobierno colombiano aprobó el uso de
los transgénicos, sin haber hecho pruebas de bioseguridad con toda la
rigurosidad requerida y cambió la legislación en propiedad intelectual,
favoreciendo el monopolio y el derecho de patente de esas semillas en
Colombia”.
Por otro lado, afirma Laura, “la promoción de los
transgénicos atenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos, porque
estas importaciones y ayudas alimentarias afectan a los productores locales,
como sucede en Méjico con la invasión del maíz transgénico estadounidense, más
barato, que además está contaminando genéticamente sus semillas criollas”. El
TLC de Colombia con EE.UU., vigente desde 2012, está acabando con nuestra
agricultura, pasamos de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990 a 10
millones al día de hoy. Hoy se producen en Colombia 1,7 millones de toneladas
de maíz y se importan 4 millones de maíz amarillo principalmente. ¿Cuánto de
éste es transgénico y quién no lo consume? Es difícil saberlo porque en
Colombia no se exige el etiquetado de transgénicos para el consumo humano.
“Se cambió la legislación en propiedad intelectual sobre
plantas y se suscribieron convenios que protegen los derechos de propiedad
intelectual de los obtentores vegetales, los que producen nuevas semillas, las
empresas de biotecnología como Monsanto o Syngenta. Convenios en los que los
Estados miembros pueden renunciar a garantizar el “derecho a la reserva” de sus
agricultores, es decir, el derecho a guardar las semillas libremente para la
próxima cosecha y a experimentar con ellas para su mejora”. Al respecto resulta
revelador el documental 9.70 de Victoria Solano sobre el decomiso de 62
toneladas de semillas de arroz y la destrucción de la mitad de éstas, reservadas por agricultores de nuestras
mejores tierras arroceras (3).
Nadie respondió en Colombia en el 2008-2009, y de nuevo
en 2012-2013, por el fracaso del algodón Bt de Monsanto, quien monopolizó el
mercado e impuso el cultivo de estas semillas manipuladas genéticamente para
atacar algunos insectos lepidópteros de los países del norte, pero inocuas ante
el picudo, causando la ruina del sector algodonero nacional.
Laura, quien investiga los conflictos por el uso y la
propiedad de las semillas en Colombia, a partir de la expansión de los
transgénicos y las leyes de propiedad intelectual sobre material vegetal que
les favorecen en el marco del neoliberalismo, concluye que los transgénicos no
son necesarios y, bajo el modelo de mercantilización de la vida, no representan
una ayuda para los pobres.
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