¿Civilizados o bárbaros?

Hay mensajes que resultan inaceptables para una sociedad. Si los criminales reciben la notificación de que el Estado, por ineptitud, sesgo ideológico o simple negligencia, está dispuesto a negociar con ellos las leyes para que accedan a la impunidad y otorgarles poder político ¿cuál será el comportamiento que asuman ante sus semejantes?

Hace un par de años, un joven fue condenado a 18 años de prisión al ocasionar la muerte de dos personas en un accidente de tránsito.  En aquel momento, la sociedad colombiana aplaudió la ejemplarizante decisión judicial.  Sin embargo, esa misma sociedad justiciera, guarda silencio frente a la posibilidad de que los criminales de lesa humanidad, y aquellos que han cometido crímenes de guerra, sean indultados por las tropelías que siguen cometiendo en el país y de paso, adquieran poder para definir los destinos de la nación.

El mensaje del Fiscal Montealegre, señalando que la Constitución permite la suspensión de penas para crímenes de guerra y de lesa humanidad, se convierte en una invitación para que, en un futuro, otras minorías descontentas se alcen en armas, difundan la violencia y derramen la sangre de miles de ciudadanos, con la seguridad de que otro Fiscal, con un gobierno propenso al apaciguamiento, les conceda el indulto sin miramientos.

¿Qué pueden pensar nuestros jóvenes, al ver que el Estado es tan incompetente para hacer prevalecer el imperio de la ley, que tiene que rendirles pleitesía a los criminales y otorgarles gabelas y privilegios a los que ningún ciudadano de bien tiene acceso?

El pasado 29 de abril, el columnista Pedro Badillo, del Grupo de Estudios Estratégicos de Madrid, denunció que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán  dijo que “una justicia in extremis, la sujeción y aplicación irrestricta y generalizada de la norma penal, probablemente satisface cierta aspiración pero puede convertirse en un impedimento para celebrar la paz negociada.”

Ante esta declaración, Badillo se pregunta: ¿No es una "aplicación irrestricta y generalizada" de las leyes lo que diferencia las sociedades civilizadas de las bárbaras? Una buena pregunta para el Fiscal Montealegre, para el Presidente del apaciguamiento, para los entusiastas del negociado de La Habana y para los promotores de la “paz” a cualquier precio.