Una nueva víctima
La catástrofe ocurrida en Salgar, Antioquia, soslayó el
asesinato de una niña de siete años en Buenos Aires, departamento del Cauca.
Mientras los peces gordos de las FARC viajaban a La
Habana, para iniciar un nuevo ciclo de conversaciones con el gobierno, la menor
murió al caer en una mina antipersona, instalada por el grupo terrorista en
inmediaciones de una escuela rural del municipio de Buenos Aires, Cauca.
¿Acaso no anunciaron, con bombos y platillos, el inicio
del desminado por parte de las FARC? Por supuesto, no se puede caer en la
insensatez de pretender que los terroristas limpien en un santiamén, todas las
minas que han sembrado a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el sentido común indicaría que
los primeros lugares que deberían ser incluidos, en el tal desminado
“humanitario”, son las escuelas y canchas en las que estudian y juegan nuestros
niños.
¡Qué va! Pedir sensatez a un grupo terrorista que fue capaz
de sembrar minas antipersona en una escuela a la que asisten 76 niños de
preescolar y primaria, como es el caso del centro educativo de la vereda
Aguaclara, en Buenos Aires, Cauca; donde murió la niña de siete años, sería de
una ingenuidad patética.
Sin embargo, que sobre esta nueva víctima, el gobierno
solo se pronuncie con 140 caracteres –un trino en Twitter- y un gesto del
pantalón remangado de los negociadores; demuestra una peligrosa escogencia
entre la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, a cambio del propósito
“superior” de lo que llaman paz.
Duele pensar que el asesinato de una niña de solo siete
años, despedazada por una mina sembrada por los terroristas, no haya movilizado
a la sociedad entera para exigir justicia frente a semejante monstruosidad: no
hubo ni marchas, ni arengas, ni algún signo que mostrara que a fuerza de
violencia y temor, Colombia no está anestesiada. No obstante, cada aberración
cometida por el grupo terrorista, es respondida con la presencia de
representantes de mayor jerarquía del gobierno en La Habana, como si se
premiaran los crímenes “altruistas” de las FARC.
¿Cómo explicarles a los padres de la niña que su hija
murió en un sitio protegido por el Derecho Internacional Humanitario, víctima
de un grupo que supuestamente está negociando la paz? ¿Irá el Fiscal
Montealegre a decirles que los culpables del crimen, a lo sumo, limpiarán un
parque como pena alternativa por el asesinato de su hija? ¿Algún amigo de la
paz habanera dará la cara para exponerles los beneficios de la justicia
transicional y de la impunidad?
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